Berlín, 31 ene (dpa) – Alemania lleva años dando tumbos en la lucha contra la corrupción en el ámbito político y la administración, indica el índice de la organización Transparencia Internacional (TI) publicado hoy, en el que el país europeo otuvo 79 puntos en 2022, exactamente los mismos que diez años antes.
Para avanzar en este ámbito, es importante incluir la lucha contra la corrupción en la Estrategia de Seguridad Nacional, en la que está trabajando actualmente el Gobierno del canciller Olaf Scholz, afirmó Alexandra Herzog, presidenta de la filial germana de TI.
Herzog añadió que la autoridad supervisora en materia de blanqueo de capitales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben estar mejor preparados.
La vicepresidenta de TI Alemania, Margarete Bause, afirmó que, aunque escándalos como el de la adquisición de mascarillas en la pandemia -en el que estuvieron involucrados diputados alemanes- o el fraude bancario al fisco conocido como «Cum-Ex» pusieron de manifiesto los problemas existentes en Alemania, siempre se actúa «con demasiada lentitud, demasiadas vacilaciones y sin la suficiente ambición».
Según TI, Estados autocráticos como Rusia, Azerbaiyán, Catar y Marruecos representan un peligro creciente, porque utilizan la «corrupción estratégica» «para ejercer influencia de forma inadmisible y hacer valer sus intereses».
La organización alertó de que, por su importancia económica y política, Alemania es uno de los principales objetivos de esta forma de corrupción, junto con Estados Unidos y las instituciones europeas.
TI compara a escala internacional la corrupción percibida en el sector público empresarial, político y administrativo.
En la clasificación de 180 países, Alemania alcanzó el noveno puesto el año pasado. Los países con mejores resultados fueron Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Noruega.
Para ello se evaluaron los datos de doce instituciones independientes especializadas en el análisis de la gobernanza y la coyuntura económica. El fraude fiscal, el blanqueo de capitales o los flujos financieros ilegales en el sector privado no se tuvieron en cuenta para la clasificación.