La Universidad Carlos III de Madrid rechaza una relación directa entre inmigración y delincuencia y sostiene que las diferencias se explican por factores demográficos y socioeconómicos.
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha rechazado una relación directa entre inmigración y delincuencia. Sostiene que la brecha delictiva observada entre población extranjera y española responde principalmente a factores demográficos y socioeconómicos, como la edad, el sexo, la urbanización o las condiciones de vida.
Así se desprende de un estudio de esta universidad publicado recientemente en la ‘Revista Española de Investigaciones Sociológicas’ (REIS) basado en el análisis de más de 5,5 millones de delitos con sentencia condenatoria firme entre 2007 y 2023.
El análisis demuestra que la aparente brecha delictiva entre la población extranjera y autóctona se debe principalmente a que el perfil de los inmigrantes suele concentrar a más hombres jóvenes, el sector demográfico con mayores tasas de criminalidad en cualquier sociedad.
Además, concluye que factores estructurales y socioeconómicos explican la brecha delictiva y avala las políticas de regularización como herramientas eficaces de seguridad. “Este trabajo aporta evidencia empírica ante un debate social recurrente y concluye que la condición de inmigrante, por sí sola, no explica los niveles de criminalidad una vez considerados los factores demográficos y el contexto socioeconómico”, indicó el autor del estudio, Jesús Javier Sánchez.
Según el estudio, al corregir estadísticamente los datos por edad y sexo, la diferencia de criminalidad entre españoles y extranjeros “se reduce a la mitad”. Además, cuando se incorporan variables como urbanización, ingresos, acceso a la vivienda o estructura de edad de la población, desaparece la relación entre una mayor presencia de inmigrantes y una mayor delincuencia.
El estudio también destaca la enorme heterogeneidad existente entre nacionalidades. Mientras algunos colectivos registran tasas de condena superiores a la media española, otros presentan niveles inferiores. Para el investigador, este hecho cuestiona cualquier explicación basada únicamente en el origen de las personas. “Si ser inmigrante fuera el problema, no veríamos esa dispersión tan grande”, argumentó.
Otro de los aspectos analizados es el impacto de la inmigración irregular. Los datos muestran que entre 2017 y 2023 la población extranjera en situación irregular aumentó un 345%, mientras que la tasa de delincuencia estandarizada de los extranjeros descendió un 2%. “Si fuera cierto que la irregularidad disparase los delitos, esa relación tendría que aparecer en los datos. Y no aparece”, dijo.
Asimismo, el autor advirtió de que las estadísticas pueden verse distorsionadas porque recogen la nacionalidad de los condenados, pero no si residen o no en España. Esto provoca que delitos cometidos por turistas extranjeros o por integrantes de redes internacionales de crimen organizado computen dentro de las cifras de extranjeros, aunque no formen parte de la inmigración asentada en el país.
Respecto a fenómenos como el crimen organizado internacional o el terrorismo yihadista, el estudio rechaza interpretarlos exclusivamente desde una perspectiva migratoria.
“Lo verdaderamente ingenuo sería pensar que si restringimos la inmigración vamos a terminar con el crimen organizado internacional”, afirmó Sánchez Barricarte. En relación con el terrorismo yihadista, señaló que “es, ante todo, un problema de seguridad, no exclusivamente migratorio: más de la mitad de los detenidos por este motivo entre 2004 y 2023 habían nacido en España”.
No obstante, el investigador precisó que el trabajo no niega la existencia de problemas concretos. Entre ellos cita determinadas diferencias observadas en feminicidios o delitos sexuales, que vincula a valores y actitudes presentes en algunos contextos culturales y que, a su juicio, requieren políticas públicas específicas.
Finalmente, el estudio indica que la “condición de inmigrante, por sí sola, no explica los niveles de criminalidad una vez considerados los factores demográficos y el contexto socioeconómico”. En este sentido, defiende que las políticas de integración y regularización pueden contribuir a mejorar la seguridad y la cohesión social.
“El acceso al mercado laboral formal no solo incrementa sus ingresos, sino que también aumenta el coste de oportunidad de delinquir, al poner en riesgo su estabilidad económica y social”, concluyó el autor.