El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, ha valorado como “un paso importante” la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, si bien aseveró que ahora “toca conseguir que se traduzca en mejoras reales”.
Así lo reivindicó en declaraciones a Servimedia en las que defendió que “lo primero” es que la financiación anunciada “se materialice y llegue efectivamente al sistema y a los servicios”.
“Pero debemos ir más allá y dotar a la dependencia de un modelo de financiación estable, suficiente y previsible”, exigió, convencido de que “un derecho universal no puede estar condicionado cada año por la disponibilidad presupuestaria” y de que el incremento de la aportación estatal “debe ser adicional, sin que las comunidades autónomas reduzcan su esfuerzo”.
Tras puntualizar que la dependencia “necesita certezas y capacidad de planificación para garantizar su sostenibilidad”, también llamó a afrontar la falta de profesionales con una “estrategia nacional” que contemple formación, reconocimiento de las profesiones vinculadas a los cuidados, absentismo, nuevos perfiles, inmigración “ordenada y cualificada” y capacidad para atraer y retener trabajadores.
“Hay que seguir mejorando sus condiciones laborales y retributivas, pero esas mejoras tienen que estar financiadas, actualizando las tarifas de las plazas concertadas y los contratos públicos conforme aumenten los costes reales”, apostilló.
Junto a ello, reclamó la necesidad de encontrar “soluciones” para las plazas privadas que “eviten trasladar esos incrementos directamente a las familias”.
SOSTENIBILIDAD
“A partir de ahí, España debe abordar la sostenibilidad de la dependencia a largo plazo ante el envejecimiento de la población y estudiar nuevas fórmulas de financiación y colaboración público-privada que refuercen el sistema manteniendo el carácter universal del derecho”, abundó.
Por último, abogó por “actuar” sobre las listas de espera y los tiempos de tramitación, consciente de que “no podemos normalizar que una persona espere de media 314 días para que se resuelva su expediente”.
“Es imprescindible agilizar los procedimientos y garantizar, además, derechos equivalentes con independencia de la comunidad autónoma en la que viva cada persona”, concluyó.