(EP) – La Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA), que se encarga de la contabilidad y de gestionar los bienes inmuebles y las inversiones y que hasta ahora jamás había dado a conocer sus cuentas, ha evidenciado un déficit de 66,3 millones de euros en el 2020.
Así se deduce del informe publicado por primera vez desde su creación en 1967, en el que también se da cuenta del patrimonio que la Santa Sede tiene repartido por todo el mundo. El valor atribuido a esos inmuebles es de 883 millones de euros, en gran parte compuesto por unas 5.000 propiedades. La mayoría de ellas están en Italia, pero también en Francia, Reino Unido y Suiza.
El presidente de dicho organismo, Nunzio Gallantino, ha confirmado en una entrevista con Vatican News que en 2020 ingresaron 51 millones menos que el año anterior.
Tal como se especifica en el informe publicado, mientras que en 2019 las actividades de la APSA generaron 73,21 millones de euros, en 2020 estas fueron de 21,99 millones. Del mismo modo, el organismo redujo su contribución a la Curia romana, de 41,2 millones en 2019 a 20,6 millones en 2020.
«La decisión de publicar el documento», ha explicado Galantino, surge de la «esperanza» de que aumente la confianza en la labor de la Iglesia. De esta manera, si bien no es la primera vez que la APSA elabora su informe para presentarlo ante los órganos de control, sí que es la primera vez que se hace público. «Es sin duda un paso adelante en términos de transparencia», ha aseverado Galantino.
Así, el informe detalla el funcionamiento de la APSA -que hace las funciones de Banco Central del Estado de la Ciudad del Vaticano-, durante 2020 un año especialmente dedicado a la respuesta a la emergencia sanitaria. Además, despeja dudas sobre el uso de los activos de la Santa Sede: por ejemplo, se señala que gracias al alquiler de distintos inmuebles en París y Londres durante la pandemia, ha sido posible conceder de forma gratuita a la Limosnería Apostólica el uso de Palazzo Migliori, en Roma, en el que se ha albergado a los sintecho acogidos por Sant’Egidio.
La APSA se encarga, entre otras labores, de la gestión del patrimonio inmobiliario de la Santa Sede, el Óbolo de San Pedro y los Fondos Reservados de Secretaría de Estado, está última, por petición expresa del Papa.
«Las actividades que todos en la APSA estamos poniendo en marcha van más allá de las graves consecuencias de la crisis pandémica», ha señalado Galantino a Vatican News. «Nuestras energías se dirigen a una administración creíble y fiable, además de eficaz y eficiente, dejándonos guiar por procesos de racionalización, transparencia y profesionalidad requeridos también por el papa Francisco», ha agregado.
Además, los trabajadores de la APSA (actualmente 102) se encuentran en proceso de elaboración de un plan trienal con el que alcanzar sus objetivos de forma eficiente y, como matiza Galantino, «en un clima de transparencia y colaboración». «Es obligación de la APSA conservar, mejorar y rentabilizar el patrimonio que se le ha confiado», ha recordado el presidente del organismo.
La publicación del informe se produce pocos días antes del macrojuicio Vaticano que comienza el martes 27 de julio y que sentará en el banquillo por primera vez a un cardenal, el italiano Angelo Becciu, por la opaca compra de un edifico en Londres.