Berlín, 20 ago (dpa) – Los aumentos de precios registrados en Alemania a partir de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania han desatado un fuerte debate interno en el Gobierno de Berlín, sobre las medidas a tomar para aliviar sus efectos sobre la población.
En la coalición formada por socialdemócratas, verdes y liberales se presentan visiones divergentes. Todos coinciden en que el Estado no puede compensar a todos la totalidad del encarecimiento del coste de vida generado por los aumentos de los combustibles. Pero no coinciden en qué sectores deben ser apoyados y cómo implementar las ayudas.
El ministro de Finanzas Christian Lindner y su Partido Liberal (FDP) identifican tres grupos que requieren asistencia por igual: los más pobres, la clase media trabajadora y la industria que hace uso intensivo de la energía. «Para cada uno de estos sectores necesitamos instrumentos adecuados», afirma el líder liberal.
Su colega de Economía Robert Habeck, de Los Verdes, reclama en tanto que el Estado debería priorizar claramente a los más pobres ante la amenaza de un invierno con costes de calefacción difíciles de solventar. Muchos socialdemócratas comparten este punto de vista.
El canciller Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata (SPD), se mantiene como mediador por encima del debate y habla de un «paquete global» de medidas, una especie de simbiosis entre ambas posturas.
Pero la síntesis pareció imperfecta. Lindner impuso su propuesta de una reducción temporaria del coste de los combustibles para automovilistas bajando los impuestos sobre los mismos. Los verdes, la instauración del ticket mensual de transportes a solo nueve euros, también por tres meses, hasta fines de agosto.
Se prevé ahora un paquete de medidas de menor amplitud que incluya reducciones impositivas, una reforma de los aportes para vivienda, subsidios a quienes tienen los menores ingresos. «Sumaremos todo y veremos si podemos afrontarlo», dijo Scholz. «Tengo la sensación de que podremos», acotó.
Pero la situación de las arcas estatales es otra que la que vivió el mismo Scholz como ministro de Finanzas de la ex canciller Angela Merkel. La pandemia de coronavirus llevó a un endeudamiento récord.
El actual titular de Finanzas Lindner se niega a volver a soltar en 2023 el denominado freno de la deuda, una disposición constitucional que limita el endeudamiento al 0,35 por ciento del producto interno bruto (PIB), salvo en «situaciones excepcionales de emergencia».
Los verdes y muchos socialdemócratas, como el ministro de Trabajo Hubertus Heil, consideran en tanto que esa situación de excepcionalidad seguirá vigente el año próximo.
Ante las dificultades por unificar criterios de sus ministros asume Scholz en forma creciente la voz cantante en cuestiones energéticas, visitando turbinas y anunciando medidas impositivas sobre el precio del gas.
El gobierno se ve impelido por la guerra de agresión de Rusia a tomar acuerdos impensados tiempo atrás, como el envío de armas a Ucrania y el refuerzo del gasto militar alemán, la ampliación masiva de la red de energía eólica y el uso del carbón para la generación eléctrica, a pesar de su incidencia sobre el cambio climático.
Pero la coalición no logra exhibir una imagen de unidad. Impone una tasa de emergencia al precio del gas para evitar la quiebra de las importadoras del mismo. Y a la vez decide bajar el impuesto al valor añadido (IVA) de ese precio, para que el coste de la tasa no recaiga a pleno sobre los consumidores. Sin embargo, no alcanzará para compensarlo totalmente.
En la coalición reinan recetas distintas para afrontar la crisis, derivadas de las respectivas concepciones de principios de cada uno de los tres socios.
El debate próximo sobre nuevas medidas de alivio para la población, sobre el próximo presupuesto y sobre la eventual prolongación del funcionamiento más allá de lo previsto de las centrales nucleares aún activas en Alemania pondrán nuevamente a prueba la capacidad de la coalición de seguir adelante.
Por Theresa Münch y Martina Herzog (dpa)