La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) criticó el sábado la inacción del Ministerio del Interior tras cumplirse un mes del asesinato de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González en Barbate (Cádiz), a manos del grupo de narcotraficantes que los arrolló con su lancha.
El secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño, lamentó en un comunicado que desde el suceso «ni el ministro del Interior ni el director general de la Guardia Civil han tenido la más mínima intención» de «dimitir» o de hacer algo por «reforzar, promover, avanzar y liderar la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de inmigrantes en el Estrecho de Gibraltar”.
En esa línea, reprochó que “la sociedad y clase política no deben permitir que algunas formaciones pretendan normalizar el asesinato de dos guardias civiles, escudándose en que se trata de un accidente laboral».
En cuanto a la situación del narco en Andalucía, desde Jucil apuntaron que «a nadie se le escapa que las narcolanchas han aparecido resguardadas del temporal en diferentes puertos y bahías de la costa Andaluza», porque saben que «las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil están en reparaciones, o directamente resultan inservibles».
Vilariño añadió que «la sensación de impunidad y de ruptura del principio de autoridad es tal» que hay personas que «no se recatan en amenazar de gravedad a los guardias civiles en su propio cuartel».
Por todo ello, reclamó que el Campo de Gibraltar y la zona de influencia del Estrecho sea declarada «Zona de Especial Singularidad» y exigió la formación de un nuevo «órgano específico» como el ya desaparecido OCON Sur. Finalmente, el secretario general advirtió de posible huida de guardias civiles a otros destinos, ante la falta de «incentivos» para trabajar en esa zona.