Praga, 7 oct (dpa) – Algunos países de la Unión Europea (UE) criticaron hoy las ayudas millonarias anunciadas por Alemania para frenar los precios energéticos y adujeron que podrían distorsionar el mercado común europeo.
Las críticas se realizaron en el marco de la cumbre internacional de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en Praga.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que es importante que todas las empresas tengan las mismas oportunidades de participar en el mercado interior.
Añadió que la competencia debe basarse únicamente en la calidad, no en las subvenciones.
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, habló de «egoísmo alemán» y apeló a la solidaridad de Alemania con los demás Estados de la UE. Luxemburgo y Letonia también mostraron su preocupación por la medida alemana.
Morawiecki argumentó que, en tiempos difíciles, todos deben ponerse de acuerdo en un denominador común, no en el que conviene a un solo país.
«Muchos otros están haciendo algo similar ahora y lo seguirán haciendo los próximos años», contestó el canciller alemán, Olaf Scholz, en referencia a Francia, Holanda o España.
Alemania quiere amortiguar los altos precios de la energía con hasta 200.000 millones de euros (197.000 millones de dólares) hasta 2024. Scholz había descrito las medidas previstas como un «doble golpe».
A la primera reunión de la Comunidad Política Europea asistieron los jefes de Estado y de Gobierno de más de 40 países europeos. Además de los 27 países de componen la UE, fueron invitados Ucrania, Turquía, Reino Unido y Suiza, entre otros.
La cumbre en la capital checa debía mostrar vías de salida a la crisis energética provocada por Rusia. La explosión de los costes de la energía está causando problemas tanto a los consumidores como a la economía, y el invierno aún está por llegar.
Sin embargo, una solución europea, especialmente en la lucha contra los altos precios del gas, tarda en llegar, en parte porque Alemania se resiste a la limitación del precio del gas en toda la UE, medida que otros Estados miembros exigen.