Berlín, 2 dic (dpa) – Helmut Badtke se mudó hace 30 años de la Cuenca del Ruhr a Lusacia, en el este de Alemania, y cuando ve ahora su antiguo lugar de residencia siente algo de confianza. En su momento, la región del Ruhr estaba sucia y descuidada. Ahora se ven allí bonitos paisajes, asegura el alcalde de Jänschwalde.
«Eso puede pasar también en nuestra zona». Por ahora, sin embargo, Badtke ve un futuro más sombrío. «Vivimos del carbón, no de sueños verdes», dice.
Los planes del futuro Gobierno alemán para una transición energética y una descarbonización, «idealmente» hasta 2030 en vez de 2038, seguramente afectarán a todos en Alemania, ya sea como consumidores de electricidad o como residentes cercanos a conexiones eléctricas y turbinas eólicas.
Las organizaciones defensoras de los consumidores tienen muchas preguntas, sobre todo respecto de las cargas financieras. «Si durante la descarbonización se generan costes adicionales, por ejemplo precios más elevados de la electricidad, además de la industria también deben ser apoyados los hogares particulares», advierte el jefe de la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemanes, Klaus Müller.
Pero los planes del futuro Gobierno generan intranquilidad sobre todo en las regiones que viven del carbón. Muchos se sintieron sorprendidos, no solo en la región de Lusacia, ubicada entre Brandemburgo y Sajonia, donde desde hace décadas excavadoras gigantes atraviesan el paisaje y extraen millones de toneladas de carbón mineral.
¿2030 en vez de 2038? ¿De dónde saldrán tan rápidamente nuevos trabajos? ¿Y de dónde saldrá la electricidad?
La coalición de gobierno tiene otra perspectiva: esta descarbonizaación adelantada apunta a garantizar las metas climáticas de Alemania. Se decidió reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 65 por ciento hasta 2030 en comparación con 1990. «Sin una completa descarbonización hasta 2030 esa meta es inalcanzable», dice Jan Peter Schemmel, portavoz del Öko-Institut de Berlín.
El acuerdo de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales lo establece como programa. Apuesta por que la electricidad generada a partir del carbón sea cada vez menos rentable. Así, está previsto mantener el precio del CO2 en el comercio de emisiones de la Unión Europea por encima de los 60 euros por tonelada, en caso de ser necesario con medidas nacionales. De esta manera, «habría un claro estímulo económico para cerrar las centrales de carbón», dice Schemmel.
Al mismo tiempo debería ampliarse más rápidamente la posibilidad de generar energía eólica y solar. El futuro gobierno considera que en 2030 habrá un mayor consumo de energía, impulsado, entre otros, por los coches elécticos y las calderas eléctricas de calefacción en los edificios.
Y de esa cantidad creciente, el 80 por ciento debería provenir de energías renovables hasta 2030 en vez del 65 por ciento, como estaba previsto hasta ahora. En 2020, según datos del sector, se logró que un 45 por ciento proviniera de fuentes renovables.
Para ello son necesarias, sobre todo, miles de nuevas turbinas eólicas, pero su expansión en tierra está frenada: falta superficie, los procesos de planificación son demasiado largos, hay muchas denuncias y conflictos con ambientalistas. La futura coalición quiere utilizar hasta el dos por ciento de la superficie rural para energía eólica, mucho más que hasta ahora.
Para acelerar el proceso, las energías renovables serán «de interés público». El futuro ministro de lucha contra el cambio climático, Robert Habeck (Los Verdes), cree que ese es el camino para lograr reducir, por ejemplo, las distancias mínimas entre turbinas y zonas residenciales en Baviera, según dijo hace poco.
Para ello, dice Schemmel, las turbinas deben ser atractivas para los ciudadanos y los ayuntamientos, en parte a través de estímulos financieros. «Pero no nos hacemos ilusiones: ampliar las energías renovables teniendo en cuenta el aumento previsto de la demanda hasta 2030 es una tarea titánica».
Por Helge Toben, Andreas Hoenig y Verena Schmitt-Roschmann (dpa)