Dos observadoras de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa advirtieron, tras su visita a Madrid y Barcelona, que la polarización política no debe obstaculizar la separación de poderes y reclamaron garantizar la independencia de la Fiscalía y respeto a las decisiones judiciales.
A la espera de una nueva visita que realizarán en los próximos meses y de un informe completo que publicarán en el primer semestre de 2026, este grupo de observadores apunta en su declaración que «el respeto de las decisiones judiciales es un principio clave en cualquier democracia», haciendo hincapié en que esa «polarización política» tampoco debe «obstaculizar el respeto del Estado de derecho y una cultura de diálogo institucional constructivo», tal y como señalaron la serbia Elvira Kovács, del Partido Popular Europeo, y la italiana Valentina Grippo de Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, coponentes ambas de de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) para la revisión periódica de España.
Las parlamentarias, que agradecieron a las autoridades nacionales y regionales su cooperación durante la visita, expresaron su «preocupación por el riesgo de que, incluso en una democracia plenamente consolidada como la española, un debate público sano se vea secuestrado por discursos que minan la confianza en instituciones clave, especialmente el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un momento en que la resiliencia democrática es la principal salvaguardia contra las múltiples amenazas que afronta Europa». Y, al mismo tiempo, tomaron nota de la preocupación por los «ataques contra el Poder judicial» y el clima de tensión que rodea al debate público, tal y como informó el Consejo de Europa en un comunicado.
En este sentido, ambas instaron a España a seguir «abordando con determinación» las cuestiones relacionadas con el Estado de derecho, incluyendo los debates sobre las reformas judiciales y el funcionamiento del CGPJ, teniendo en cuenta las recientes recomendaciones de la Comisión de Venecia. Asimismo, destacaron la importancia de garantizar la independencia del fiscal General y del Ministerio Fiscal, y pidieron la «rápida implementación de las recomendaciones pendientes del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) sobre la prevención de la corrupción entre parlamentarios, jueces, fiscales, personas con «altas funciones ejecutivas» a nivel nacional y ·organismos encargados de hacer cumplir la ley».
Durante la visita, trataron diferentes asuntos, como el uso del software espía ‘Pegasus’, la aplicación de la Ley de Amnistía, las relaciones entre el Gobierno central y Cataluña, los derechos del alumnado castellanoparlante en el sistema educativo catalán, las consecuencias de la ley del ‘solo sí es sí’, la reducción de las penas para los delincuentes sexuales y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal.
En su estancia en Madrid, las parlamentarias se reunieron con jueces, parlamentarios y altos cargos del Gobierno, así como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y representantes de asociaciones de abogados, jueces y fiscales, así como de la sociedad civil. Mientras, en Barcelona se reunieron, entre otros, con el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull; varios parlamentarios autonómicos; el consejero de Justicia catalán, Ramon Espadaler, y miembros de ERC.
Además de esta misión, las parlamentarias tienen previsto realizar otra visita en los próximos meses a España, durante la cual planean reunirse con miembros del Gobierno, otras instituciones y representantes de la sociedad civil, quienes «tendrán la oportunidad de presentar sus puntos de vista y compartir sus perspectivas sobre los temas examinados». Todo, de cara a un informe completo que se publicará en el primer semestre de 2026.