La Asociación Española de Consumidores pidió frenar la venta de artículos falsos y lamentó que las administraciones no actúen con mayor control. Inicia una campaña contra la permisividad social tras la polémica del bolso de Yolanda Díaz.
Según explicó la asociación de consumidores, las falsificaciones pueden provocar “importantes perjuicios” para los consumidores y empresas. Los usuarios “no son conscientes” de estas compras, pero tienen “cierta permisividad” hacia ellas y eso se vio “reflejado” en las declaraciones de Díaz, justificó llevar una determinada marca habiendo comprado falsificado en un “mercadillo” y “prefiriendo” este modo de compra.
La organización comenzó ya dicha campaña informativa para crear conciencia en los consumidores respecto a los peligros para su salud o seguridad, así como, para la sociedad por la pérdida de impuestos y la explotación laboral que suponen las mafias de las falsificaciones.
Dicha campaña se desarrollará tanto en los canales informativos que tenemos en la Asociación Española de Consumidores (página web, redes sociales y revista digital) como a través de medios de comunicación y directamente a los ciudadanos mediante charlas y entrega de materiales.
Así, la organización señaló que lo “llamativo” de esta polémica es que Díaz es ministra de Trabajo y, en estas actividades “irregulares”, puede haber “tramas de explotación laboral de personas tanto en la fabricación de los productos como en su venta”.
Además, otra cuestión relevante sobre las falsificaciones es el “escaso seguimiento” que se hace de estas compras por parte de las administraciones públicas para evitar la venta fraudulenta. De igual modo, la asociación señaló que, aunque se inspecciona a los establecimientos que cometen estas prácticas, “no se actúa” contra ellos por estar cometiendo un “fraude para los consumidores”.
Finalmente, el presidente de la asociación, Miguel A. Ruiz, señaló que la su entidad seguirá trabajando con la Asociación Nacional de la Marca (Andema) contra la venta de falsificaciones porque si se exige a las empresas unos estándares de calidad y de protección del consumidor, no se pueden “amparar actividades irregulares que suponen esclavitud en el ámbito del consumo”.