El Juzgado de primera instancia número 60 ha citado a Belarra para el próximo 27 de octubre para el acto de conciliación que requirió el sindicato de policías nacionales Jupol por un presunto delito de injurias contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por unas declaraciones que hizo el pasado 15 de julio en Torre-Pacheco (Murcia), donde habló de que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen «un serio problema de infiltración de la ideología neofascista».
Según informó este martes Jupol, este procedimiento judicial se origina tras las declaraciones públicas realizadas por Belarra en las que acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de contar con una infiltración de «ideología neofascista» y de promover un “terrorismo nazi de extrema derecha”. A estas manifestaciones se suma un mensaje publicado el 21 de julio en la red social ‘, en el que acusó a la Policía Nacional de realizar «redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país», afirmando además la existencia de un supuesto «racismo institucional» en el cuerpo.
Desde Jupol se considera que estas afirmaciones constituyen un “grave atentado contra el honor, la profesionalidad y la neutralidad política” de los agentes de la Policía Nacional, acusaciones “infundadas” que “buscan dañar la imagen pública de una institución que trabaja cada día con plena sujeción a la legalidad, sin discriminación alguna ni motivación ideológica”.
El Juzgado de Primera Instancia de Madrid admitió a trámite el acto de conciliación para el próximo 27 de octubre previo a la interposición de una querella penal por presuntas injurias graves con publicidad contra la diputada de Podemos, lone Belarra. En este acto de conciliación, Jupol reclama a Belarra una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, así como disculpas públicas por las declaraciones y publicaciones injuriosas.
“PASO CONTRA LOS ATAQUES”
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, señaló que «la admisión a trámite de este acto de conciliación es un paso fundamental para frenar los ataques injustos y falsos que se lanzan desde determinados sectores políticos contra la Policía Nacional. No se puede acusar a nuestros agentes de racismo ni de connivencia con ideologías extremistas sin asumir responsabilidades legales”.
Del mismo modo, el sindicato reclama la eliminación inmediata del tuit del 21 de julio y su sustitución por un mensaje de disculpa y una indemnización de 30.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados a la imagen y honor de la Policía Nacional.
El sindicato advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo en este proceso, interpondrá una querella penal por injurias graves con publicidad contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, agravantes que pueden conllevar consecuencias penales significativas.
Finalmente, Jupol recordó que el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es “un pilar esencial en toda democracia” y que “ningún cargo público puede ampararse en su posición institucional para lanzar acusaciones falsas y ofensivas contra quienes velan día a día por la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos”.